Recursos Humanos

Gobierno reforzará Nafin para impulsar financiamiento a Pymes

La propuesta enviada por el ejecutivo busca concentrar en esta institución las tareas de Bancomext y el Fideicomiso de Fomento Minero para agilizar la asignación de recursos.
Gobierno reforzará Nafin para impulsar financiamiento a Pymes
Crédito: Depositphotos.com

El gobierno de Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa de reformas a la banca de desarrollo que propone fusionar a Nacional Financiera (Nafin), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y el Fideicomiso de Fomento Minero.

La propuesta presidencial plantea también ampliar la autonomía de gestión de la banca de desarrollo para facilitar el otorgamiento de crédito al liberarla de restricciones innecesarias y excesivas.

El objetivo es concreto: (Deseamos) unificar en una institución de fomento la atención financiera a todos los niveles del sector empresarial, precisó el gobierno en la propuesta, misma que concentrará en Nafín las funciones que actualmente desempeñan Bancomext y el Fideicomiso de Fomento Minero.

De acuerdo al documento, la reforma en su conjunto permitirá aumentar la cartera en $60,000 millones, pero, sobre todo, evitará la duplicación de procesos y costos a empresas e intermediarios, mejorando los apoyos financieros a los sectores empresariales y exportadores.

La integración permite concentrar todos los esfuerzos de apoyo financiero al sector empresarial en la banca de desarrollo, como corresponde al objeto de éstas. Dicha integración ayuda a darle un mejor uso a los recursos públicos, al permitir que éstos se utilicen como base de capital para dar hasta diez veces de crédito al patrimonio de la banca de desarrollo, dice el documento.

Pero no sólo eso. La propuesta del ejecutivo mexicano también se propone reformar la legislación de Banobras para que pueda financiar, refinanciar o apoyar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública y privada en infraestructura y servicios públicos.

De esta forma, se facultaría a Banobras para que otorgue garantías y avales sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), con lo que se equipararía su marco jurídico al de las instituciones de crédito en general.