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Pymes

5 puntos de Ley de Pago a 30 días para evitar la muerte de pymes

La ASEM junto con la bancada pro emprendimiento presentaron la iniciativa de ley que incluye sanciones para quienes no cumplan con el plazo de pago.
5 puntos de Ley de Pago a 30 días para evitar la muerte de pymes
Crédito: Depositphotos.com
6 min read
Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) presentó ante el Senado la Ley de Pago en 30 días para que los emprendedores no se queden sin capital para seguir operando y no detengan su producción.

En México, grandes corporativos, sector público y algunas pymes financian su operación a costa de sus proveedores al implementar políticas de pago a 60, 90, 120 días o incluso mayores. Estos plazos comienzan a contar a partir de la recepción de facturas, para lo cual hay procesos previos (como el alta de proveedores) que incrementan aún más los plazos. Esto se presenta desde una posición dominante y ante el bajo poder de negociación que tiene las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Juana Ramírez, CEO de Sohin y parte del Consejo Directivo de la ASEM, explica en entrevista con Entrepreneur que hay casos en los que los emprendedores tiene que esperar hasta 365 días para recibir un pago. "Esto incrementa el porcentaje, ya de por si alto (73%) de las empresas que mueren antes de cumplir los dos años". 

"Necesitamos crear un círculo virtuoso que haga que la economía crezca. Si todos cobramos a 30 días podemos pagar a 30 días", dice la emprendedora sobre la necesidad de tener una ley que evite que los emprendedores tengan que recurrir a financiamiento muy costoso. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 52% de las empresas en economías emergentes cierran debido a problemas económicos, entre ellos destaca la falta de liquidez.

¿Será posible para las empresas mexicanas cambiar esto y cumplir los plazos? Juana explica que gracias a investigaciones que se han consultado del Tec de Monterrey conocieron que existen empresas que ya tienen esta política a 30 días con la que buscan hacer negocios, no sólo con quien tenga la capacidad financiera de aguantar plazos de pago más largos, sino con quienes les ofrezcan calidad en sus productos.

¿Qué plantea la iniciativa?

Estos son los principales puntos que contemplará la Ley de acuerdo a un comunicado de la ASEM.

1. Plazo máximo de pago 30 días naturales. A partir de la recepción de la factura, aunque durante los primeros 12 meses a partir de su entrada en vigor, el plazo sería de 60 días corridos (para ajustar el mercado y las cadenas de pago).

2. Sanciones por incumplimiento en el sector privado. En caso de que no se cumpla el plazo de pago, se podrían aplicar comisiones a favor del proveedor por cada día de retraso y una multa sobre saldo insoluto que la empresa deudora tendría que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

3. Sector público. El plazo máximo de pago sería igualmente de 30 días naturales desde la recepción de factura (salvo excepciones legales, en bases de licitación y contratación directa). Habría sanciones administrativas para el funcionario público encargado del servicio que no cumpla con los plazos de pago.

4. Casos excepcionales. Entendiendo que existen ciclos económicos muy particulares que no podrían someterse a un plazo de pago de 30 días, como en la agricultura o ventas a consignación, la propuesta ciudadana estipula casos excepcionales.

5. Transparencia. Encuento a los casos excepcionales o acuerdos entre privados se registrarían en un portal de la Secretaría de Economía, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la celebración del contrato, con el fin de visibilizar estos acuerdos para evitar plazos de pago abusivos, dando pie además a generar un índice de plazos de pago en México.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aquellos que han implementado políticas para reducir plazos de pago a proveedores registraron un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) y mejoran sustancialmente el entorno para hacer negocios. Esta iniciativa es parte del  Emprendecálogo que presentó la ASEM en 2018 y tiene un atencedente en su aprobación en Chile.

Juan Ramírez aclara que se trata de una iniciativa de los emprendedores que aplica para grandes y chicos, y decir que los pagos deben darse a 30 días para generar un círculo virtuoso en la economía "que nos posicione como un país transparente, confiable y dinámico".

Durante la presentación de la iniciativa un grupo de senadores se comprometieron a mejorar el entorno para emprender en México, al cual la asociación se refiere de forma simbólica como “bancada pro emprendimiento” integrada por Alejandro Armenta, Américo Villarreal, Dante Delgado, Gustavo Madero, Indira Kempis, Martí Batres, Mauricio Kuri, Patricia Mercado, Ricardo Ahued y Ricardo Monreal.

¿Qué sigue?

Lo siguiente para que la ley avance es hacer un trabajo profundo porque toca diferentes artículos constitucionales y leyes generales, entre ellas el Código Civil de la Federación, el Código de Comercio, la Ley para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Se buscará que este año se apruebe en el Legislativo y sea promulgado por el Ejecutivo. En este proceso la asociación contará con la colaboración de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.

La ASEM convocó a emprendedores y MIPYMES para que firmen la iniciativa publicada el día de hoy en Change.org y a que cuenten en redes sociales su experiencia con plazos de pagos con el hashtag #LeyPago30Días.

Cabe recordar que la iniciativa surgió un Emprendécalogo de 10 puntos presentado durante las campañas electorales de 2018, resultado de consultar los principales problemáticas a las que se enfrentan los emprendedores, siendo la número 1 el pago a tiempo.

La Asociación ha tenido como triunfos lograr la aprobación de la Ley de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) en 2016, con la cual se han creado más de 20 mil sociedades desde que fue aprobada.

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